Antiguamente sucedía con el Derecho Administrativo lo que sucede con los cambios en la Iglesia: tardaban 100 años. Hoy, sin embargo, la realidad parece ser distinta. Todavía no alcanzamos a acostumbrarnos, ni a leer lo suficiente del estadio en el que actualmente vivimos, cuando los cambios de paradigma de que nos hablaba Kuhn se producen.
Las últimas semanas serán de seguro recordadas en el futuro como el momento en donde algo cambió en las sociedades contemporáneas. Y en un tiempo algo mayor (porque el derecho siempre tarda un poco en reaccionar) también veremos cómo nuestro derecho público cambiará.
Como sabemos la idea de aquello que hemos considerado por años como servicios públicos ha ido variando desde la última mitad del siglo XX. La forma en que esos servicios fueron gestionados también se ha modificado. El mejoramiento de las condiciones de la vida privada, la expansión tanto del comercio como del liberalismo económico y la percepción de las actividades estatales desde una lógica de eficiencia económica llevaron a que muchos servicios públicos pasaran de forma ordenada y honesta o incluso de forma caótica y fraudulenta a manos privadas. La delicia de la eficiencia afectaba también a los propios poderes estatales los que no pudiendo extraer del funcionamiento estatal actividades claramente públicas ideaban procedimientos de huida del derecho administrativo. Lo público era entendido como sinónimo de ineficiencia, como pérdida de recursos y de tiempo. La fiebre de lo libre, de lo no regulado, de lo eficiente contagiaba todas las fibras del tejido social. El liberalismo económico proporcionaba además la exquisita justificación teórica de dejar el comercio y la gestión de los bienes que nos resultan importantes en manos de nosotros mismos y no en las de un jerarca algunas veces irresponsable y tantas otras carente de las herramientas necesarias para leer bien las necesidades de aquellos que requerimos día a día esos bienes o servicios. La expansión de esta forma de comprender las relaciones económicas al alero de la idea política de la democracia no fue, por ello, una simple casualidad. Así las cosas, del estudio de los estatutos de los servicios públicos pasamos al estudio de las liberalizaciones, al mismo tiempo que considerábamos necesaria una regulación administrativa de mínimos. El Derecho Administrativo, así, era de cierta forma absorbido por las regulaciones sectoriales mostrándose como la mera versión limitativa de un grupo de actividades económicas desarrolladas al amparo del estatuto de la libertad económica. Lo negocial, además, se transformaba en un contendor frente a lo público donde ambos disputaban competencias de la misma forma como sucede en el ámbito de los estados federales las cuales se resolvían y resuelven mediante principios tan vagos como el de subsidiariedad.
Sin embargo, cuando un presidente reconocidamente liberal, jefe actual de una de las mayores integraciones de países que jamás se ha conocido, comienza a desconfiar de esa entrega libre a manos privadas de negocios en los que incluso hoy cuesta encontrarles el lado público, algo parece estar sucediendo. Cuando en un conglomerado como la Unión Europea, donde hasta ayer se rechazaba contundentemente toda ayuda estatal a empresas nacionales por impedir la libre competencia, se comienza a percibir como posible una ayuda generalizada a determinados bancos o entidades financieras, todo se vuelve más confuso e inentendible. O cuando en la Meca del liberalismo ciertas empresas en quiebra son apoyadas y luego adquiridas por el propio Estado ya parece normal que nadie entienda lo que sucede.
Lo que sucede, sin embargo, no es más complejo que lo que el mismo Sarkozy indicaba (video y texto). Parece hacerse imperiosa la necesidad de acordar en términos generales “un capitalismo regulado”.
La adopción de una formulación como ésta no será desde luego pacífica. La idea de que aquellos espacios de libertad comiencen a ser regulados a nivel macro sigue y seguirá provocando escozor en los liberales, pero ya al mundo poco parece importarle esa reticencia. Por lo demás, el descubrimiento del punto de síntesis entre lo comunitario y lo individual es la tarea en la que hemos estado enfrascados desde nuestros primeros días y las formas que hemos utilizado para resolver esas dudas han variado considerablemente a lo largo de nuestra existencia.
Aires nuevos parecen estar rondando al derecho público. Todo hace pensar que aquel viejo y pesado aparato estatal, hoy un poco más renovado, recuperará algo de su antiguo rol protagónico. Lo común, antes temeroso límite de la potente libertad individual, comenzará a definir qué tipo de libertad es la que nos interesa cuando a lo que aspiramos es a vivir mejor.
Weekend Roundup
Hace 11 horas
1 comentarios:
El punto es hasta donde puede redefinirse el rol del Estado en la economia, especificamente su intervencionismo, cuando la concepcion de su ineficiencia, con la consecuente prohibicion de meter sus manos en el mercado donde se desenvuelven los privados, esta consagrada mas alla de la soberania de cada pais en su constitucion, sino mas bien en enmarañadas redes de tratados internaciones y acuerdos comerciales. Es posible convocar a los estados y a los sectores privados a reducir el ambito de estas "garantias"?
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