A
pesar de los problemas que nuestras instituciones públicas presentan en la
actualidad, existe tanto en el entorno nacional como internacional una
percepción positiva acerca de la solidez y seriedad de nuestro aparato estatal.
De acuerdo al último índice de percepción de la corrupción preparado por
Transparencia Internacional, Chile se ubica en el lugar número veinte, al lado
de países como Estados Unidos y Uruguay y cerca de naciones con una antigua
tradición en políticas de mejoramiento estatal y de lucha contra la corrupción.
La misma percepción tiene el Banco Mundial que considera a nuestra
Administración Pública como una de las más profesionales y capaces de todo
Latinoamérica.
En
idéntico sentido, diversos estudios económicos han logrado ligar el crecimiento
de los países no solo a variables de liberalización económica o de aumento de la
competencia sino que también a variables vinculadas a las características de la
institucionalidad pública. Países con mejores instituciones crecen más rápido,
de manera sostenible y en condiciones de mayor equidad.
Desde
esa perspectiva, y de acuerdo a la percepción referida, Chile va por buen
camino. No obstante, esa percepción positiva de nuestra institucionalidad no debe
inmovilizarnos. Por el contrario, debe incentivarnos a movernos hacia reformas institucionales
más complejas acordes con nuestro actual desarrollo.
En
este sentido, tres son los aspectos en los que debiese enfocarse una futura
reforma estatal.
Instituciones
fuertes. Ni en nuestro país ni en la mayoría de los países del mundo se
encuentra cerrada la discusión acerca de sí es mejor un Estado grande o uno
reducido. Es un hecho que este tópico permanecerá por mucho tiempo más en el
centro de la discusión política. Sin embargo, si algo ya no debiese ser objeto
de discusión es que si se decide que un órgano público intervendrá en un determinado
sector es un gran error construir una institución con potestades reducidas,
presupuestos minúsculos o con baja independencia. Una construcción de este tipo
es tremendamente ineficiente. Cuando los funcionarios de instituciones
depreciadas no perciben su trabajo como especialmente relevante aumentan las posibilidades
de captura y los fondos públicos se utilizan mal pues la rentabilidad social
que ellos alcanzan es mínima.
Una
futura reforma a nuestra institucionalidad pública debiese enfocarse en definir
instituciones de acuerdo a objetivos claros y competencias certeras y empoderarlas
para que ejecuten las tareas que le son propias en ambientes más eficientes. La
discusión sobre una reforma a las superintendencias adquiere aquí una especial
relevancia. Es ya frecuente la protesta de esas mismas instituciones acerca de
una carencia de potestades efectivas para ejecutar sus funciones y ya son
conocidas las exigencias que los ciudadanos les imponen continuamente.
Instituciones
inteligentes. Gran parte de la solidez de nuestras instituciones se debe a un
histórico y formal respeto a la legalidad. Los valores republicanos entre los
que se fraguó nuestro Estado actual privilegian por sobre muchos otros valores
el respeto a la ley. En esa línea, era bastante común que las instituciones
fiscalizadoras, por ejemplo, persiguieran todas las ilegalidades por menores
que ellas fueran. La legalidad estaba ante todo. No obstante, una vez que se
toma conciencia de que es necesario administrar eficientemente recursos
económicos limitados, la fiscalización se torna inteligente, se racionaliza y
se optimiza. Cuando se decide portar eficiencia se persiguen las ilegalidades
más frecuentes o las de mayor importancia, se buscan los incentivos que las
causan o se refinan los instrumentos para observarlas y perseguirlas. Las
instituciones públicas se convierten así en inteligentes pues desarrollan sus
funciones con conciencia de los resultados que ellas producen y no como simples
engranajes de un sistema.
Instituciones
conectadas. Día a día, nuestras instituciones públicas adoptan múltiples decisiones
en los más diversos ámbitos de nuestra vida. Esas decisiones serán mejores
mientras más variables hayan sido integradas por el decisor al momento de elegir
las múltiples opciones que se le presentan como posibles. En ese escenario, los
requerimientos de información son cada vez mayores y gran parte de la
información requerida es producida por otras instituciones públicas. Las
instituciones, entonces, deben estar conectadas para aprovechar las sinergias y
adoptar decisiones informadas y atingentes. Las instituciones, finalmente, no
sólo deben estar conectadas entre ellas. Deben estar conectadas también con los
efectos de sus decisiones. Una evaluación a tiempo de las medidas adoptadas
permite rectificar y aprender de los errores cometidos.
Una idea común recorre todas estas propuestas.
Las instituciones públicas son mejores cuando adquieren conciencia de lo que
hacen, sus funcionarios sienten sus trabajos como importantes y tienen los
instrumentos para conseguir eficazmente los objetivos para los cuales han sido
creadas.
1 comentarios:
Gracias Raúl. Interesantes propuestas de reformas. Mejorar la dotación legal, humana y presupuestaria de las instituciones públicas es una tarea ineludible, especialmente a la luz de la magnitud de los poderes privados que existen en algunas áreas.
¿Tienes a mano la fuente de la información que das respecto a la valoración de la Administración Pública chilena por parte del Banco Mundial?
Muchas gracias
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